Resumen: Se desestima el recurso contencioso interpuesto contra el justiprecio fijado por el Jurado de Expropiación, en el proyecto de expropiación por urgente ocupación de Línea Eléctrica. Los acuerdos de los Jurados merecen ser acogidos con el crédito y autoridad que se desprende de su doble composición técnico-jurídica y de su permanencia y estabilidad, y no solo puede desvirtuarse mediante prueba pericial, sino también, conforme a una constante Jurisprudencia, por cualquier otro medio de prueba admitido en derecho. Nos encontramos con los expedientes expropiatorios relativos a cuatro fincas propiedad del recurrente. La discrepancia se centra en el valor final del suelo fijado, por lo que debemos examinar las distintas valoraciones de que disponemos, las contenidas en los informes del vocal técnico del Jurado y que acogen los acuerdos impugnados, las contenidas en los dictámenes aportados por la parte actora junto a sus Hojas de Aprecio, y las fijadas en el dictamen de la perito judicial. Examinados y valorados los distintos informes expuestos no se ha desvirtuado, a juicio de la Sala, la presunción de acierto del Jurado Provincial de Expropiación. Si se examinan los informes, la diferencia sustancial deriva de la aplicación del coeficiente corrector por tipo de cultivo al tipo de capitalización, tanto en los informes de la parte actora, como en origen en el dictamen judicial.
Resumen: Recurso de casación interpuesto contra resolución de la Sala de Supervisión de la CNMC de imposición de sanciones por infracciones previstas en el artículo 661.1d) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y por infracciones del artículo 11.a) de la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos. Desestimación: el incumplimiento de la obligación de conservar la documentación acreditativa de la voluntad del cliente de cambiar de suministrador, establecida por la disposición adicional primera de la Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio, constituye un supuesto de incumplimiento de las obligaciones de los comercializadores "en relación con" la formalización de los contratos de suministro y está, por tanto, incluido en el tipo infractor descrito por el artículo 66.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. Imposibilidad de plantear cuestiones nuevas en el recurso de casación.
Resumen: La tasa exigida por el Ayuntamiento de Madrid por la prestación de servicios públicos tales como la vigilancia, conservación o reparación prestados en relación con galerías municipales, y que afecten a los usuarios de las mismas, resulta compatible con la tasa que grava la utilización privativa o el aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario. Remisión a la sentencia STS 637/2023, de 18 de mayo, recaída en el RCA 7476/2021.
Resumen: No cabe excluir que en estos supuestos, quien resulte obligado al pago de la obligación tributaria podría plantear otras acciones dirigidas a reparar los perjuicios derivados de una eventual infracción del Derecho de la Unión Europea como consecuencia de la configuración de supuestos de no sujeción o exención a otros sujetos en su misma situación jurídica, que pudieran ser calificadas de ayudas de Estado. Pero ese no es el objeto de este procedimiento, ni la pretensión de rectificación de autoliquidación del IEONA por quien resulta obligado a su pago puede ser la medida adecuada para reparar esa eventual infracción del DUE.
Resumen: La sentencia reitera la doctrina jurisprudencial contenida en la STS de 11 de octubre de 2022 (rec. 6087/2020) que reafirma la compatibilidad de la tasa -mal llamada- general y la tasa "especial", previstas en los artículos 24.1.a) y 24.1.c) TRLHL, en el sentido de que el régimen de compatibilidad entre ellas es el que resulta del propio artículo 24.1.c), según el cual, las empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, a las que se cuantifica su tasa en el mencionado 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación obtenida anualmente en el municipio, han de ser excluidas de otras tasas derivadas de la utilización privativa o aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, no así de otras modalidades de ocupación, como es el caso, del dominio público local.
Resumen: Remisión a Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de abril de 2024, rec. cas. 6542/2022. Ordenanzas reguladoras de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, en relación con las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos. Improcedente fijación de una misma base de cálculo de la utilización privativa y aprovechamiento especial.
Resumen: Remisión a Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de abril de 2024, rec. cas. 6542/2022. Ordenanzas reguladoras de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, en relación con las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos. Improcedente fijación de una misma base de cálculo de la utilización privativa y aprovechamiento especial.
Resumen: No cabe excluir que en estos supuestos, quien resulte obligado al pago de la obligación tributaria podría plantear otras acciones dirigidas a reparar los perjuicios derivados de una eventual infracción del Derecho de la Unión Europea como consecuencia de la configuración de supuestos de no sujeción o exención a otros sujetos en su misma situación jurídica, que pudieran ser calificadas de ayudas de Estado. Pero ese no es el objeto de este procedimiento, ni la pretensión de rectificación de autoliquidación del IEONA por quien resulta obligado a su pago puede ser la medida adecuada para reparar esa eventual infracción del Derecho de la Unión Europea.
Resumen: La Sala estima el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia por la que se estimó parcialmente el recurso de responsabilidad patrimonial de la Administración por falta de suministro eléctrico. Las cuestiones controvertidas en el recurso de apelación son la determinación y cuantificación de determinados gastos reclamados y no aceptados por la sentencia de instancia. No procede incluir el IBI porque ésta se devenga con independencia de la finalidad industrial de la finca. Tampoco existe relación de causalidad con las tasas de suministro de agua ni instalación fotovoltaica de placas solares pero sí la red contra incendios. Igualmente se incluyen los gastos de abogado por ser necesarios pero se rechazan los de procurador.
Resumen: La sentencia resuelve tres cuestiones. A la primera (FJ 6º), relativa a la necesidad de dictar un nuevo acuerdo de imposición para modificar una tasa ya establecida (art. 15.1 TRLHL), se responde que "carece de sentido exigir al Pleno municipal que vuelva a acordar la sujeción impositiva del hecho imponible cada vez que modifica su regulación pues, en definitiva, la entidad local ya ha expresado su voluntad inequívoca al respecto". A la segunda (FJ 7º) se responde que la tasa por aprovechamiento especial debe regirse, en cuanto a la determinación de la base imponible y del tipo de gravamen, conforme el artículo 64 de la Ley 25/1998, por lo que no es compatible con dicha regulación que se emplee, para gravar el aprovechamiento especial, la base imponible prevista para el uso privativo y se apliquen dos tipos de gravamen, uno del 5%, para supuestos de mayor intensidad de uso, y otro del 2.5% para los casos de menor intensidad de usos ya que ambos operan sobre la base de cálculo determinada con los criterios que corresponde a la utilización privativa, y no con los del aprovechamiento especial. A la tercera cuestión (FJ 7º in fine) no se da respuesta porque, dado que el procedimiento de fijación del valor de la utilidad derivada del aprovechamiento y su gravamen forma un todo indisoluble, no cabe analizar ni efectuar pronunciarnos aislados respecto a la viabilidad del establecimiento de los tipos ni la idoneidad de los criterios de la Ordenanza.
